CREO QUE COMO MADRILEÑOS OS COMPETE LEER ESTAS REFLEXIONES.
EXCEPTO SI CREEIS QUE SOIS RICOS DE LA MUERTE Y NO NECESITAIS NI SANIDAD NI EDUCACION
NI NADA PUBLICO Y QUE ESTAIS FELICES DERROCHNDO VUESTROS IMPUESTOS
Lo que la Sanidad Pública madrileña va a hacer en los 6 nuevos hospitales es otorgarles una concesión
administrativa mediante la cual la gestión integral de los mismos (servicios sanitarios y no sanitarios)
será completamente privada, permaneciendo la titularidad en manos de la Administración pública. Para
que se entienda, piénsese que es un modelo muy similar al que se sigue con las autopistas de peaje
españolas, se les concede la gestión a una empresa privada durante un número de años (25 o 30), a
cambio de su explotación (ingresos por peajes) y su mantenimiento (costes). La autopista es rentable si
al finalizar los 30 años de concesión los ingresos han sido superiores a los costes. El pacto con los
concesionarios privados de autopistas no se limita solo a los ingresos que pueden cobrar por tipo de
vehículo, sino que existe un Pliego de Condiciones de Calidad muy estricto sobre los parámetros de
conservación de la autopista (firme, señalización, etc.).
En los 6 hospitales cuya gestión se quiere privatizar, tal y como ocurre con los que nacieron privados,
(Valdemoro, Móstoles y Torrejón) se van a subcontratar "procedimientos" sanitarios (ej.: una sesión de
diálisis, un parto, etc), digamos que les pide que fabriquen un producto (o provean un servicio). El gran
problema es que no exige el cumplimiento de unos Pliegos de Condiciones de Calidad o Protocolos de
Actuación estrictos y bien definidos para fabricar ese producto:
1. No existen ratios de nº médicos/paciente o nº enfermeras/paciente como sí existen en la pública
(obligatorios). Hay menos enfermeras y peor pagadas, pero en lo que importa al paciente, hay
menos
2. Los tratamientos reglados (ej.: sesión de diálisis) tienen una duración más reducida, por la
necesidad de incluir el mayor número de pacientes por día con una misma máquina, para aumentar
su rentabilidad.
3. La concesionaria privada NO aceptará procedimientos complejos a precio cerrado, porque no
controla los riesgos, es decir, la duración y el coste.
4. La concesionaria privada NO aceptará pacientes complejos, por enfermedad o por edad, porque no
resultarán rentables. La administración pública no se los “asignará”. El coste por paciente será
consecuentemente menor en un hospital privado que en uno público donde se atienden pacientes
de alta complejidad. La comparación queda por tanto invalidada.
En definitiva, la concesionaria privada cuenta con un presupuesto de venta (pactado con la pública) y
unos costes a optimizar. La resta es el beneficio. Menos costes = más beneficio.
En otras palabras, para que la operación resultase interesante para la Consejería de Sanidad de Madrid,
debería ocurrir lo siguiente:
[(Coste+Beneficio) con gestión privada en concesión] menor que [(Coste) con gestión pública]
Es sencillo, del Coste público actual hay que sustraer el Beneficio privado y algo más; ese algo más es
imprescindible para que la fórmula resulte más económica a la Consejería de Sanidad. Si no es así la
Consejería no estaría engañando a todos porque le costaría aún más caro que ahora ¿verdad? ¿de
dónde va a sacar la concesionaria privada estas 2 “mordidas”? De la calidad del servicio ofrecido.
1. En nada de lo anterior hay ninguna carga ideológica, es la pura lógica de las reglas del juego de las
empresas privadas. No pasa nada. Es así. En otros sectores de consumo, en los que hay un número
suficiente de competidores funciona bien. El precio está ajustado por la competencia y la calidad es
buena en aquellas empresas que quieren subsistir a largo plazo. Pero esto es cierto en negocios
privados, no concesiones, donde todo el beneficio y también todo el riesgo es para el empresario, y
si va mal sencillamente quiebra y se hunde
2. Las Concesionarias privadas no tienen culpa de nada de esto. Es su naturaleza actuar así y decidir
qué negocios aceptan y en qué condiciones, ¡solo faltaba!. De hecho, aunque nunca he sido usuario
de seguros privados de sanidad, parece que hay un consenso general en que, para dolencias
menores, casi siempre es más interesante acudir a la privada (Sanitas, Adeslas), porque te atiende
directamente el especialista y mucho antes. Ojo, te atienden antes porque el procedimiento está
pagado aparte por el usuario individual (aparte de su cotización a la SS y sus impuestos
obligatorios), y porque consecuentemente hay menos usuarios (no todos se lo pueden permitir).
3. El 100% de la responsabilidad es para la administración pública, que es quien privatiza. La Sanidad
NO se puede privatizar, al menos si el paciente quiere que le atiendan con criterios estrictamente
médicos. Esta es la clave.
Es evidente, y esto tampoco tiene carga ideológica, que un médico trabajando en una clínica
privada, tiene el mandato de optimizar el coste (y así es observado/evaluado por sus gerentes), con
la única limitación de no cometer negligencia médica. Aquí hay un margen más que razonable para
no suministrar al 100% la atención que la ciencia médica (el criterio médico) puede proveer
4. Claro que el coste medio por paciente será menor subcontratando a la privada, pero porque el
servicio ofrecido (el producto vendido) es de inferior calidad (un Mercedes es más caro que un
Renault de igual gama). Si con todo lo anterior (pre‐selección de pacientes “no complejos”,
tratamientos no equiparables, no exigencia de ratios de personal, etc) el coste no fuese menor,
obviamente se les estaría yendo la mano con el beneficio.
5. En el caso de que, a mitad de camino, la concesionaria “descubra” que no va a obtener rentabilidad
del negocio en el que se ha metido, actuará exactamente igual que han actuado las autopistas de
peaje madrileñas (recordemos que el modelo de concesión es el mismo): darán suspensión de
pagos, y a la administración titular de la concesión, la Consejería de Sanidad, no le quedará más
remedio que acudir al rescate, no tiene elección, porque es intrínsecamente un servicio público, no
un negocio privado, y por tanto no lo puede dejar caer (igual que no se puede dejar “abandonada”
una autopista, aunque exista una carretera convencional pública alternativa). La concesionaria no
corre riesgos, solo obtiene beneficios mientras le vaya bien.
6. Aunque les fuese bien, si este proceso culmina, es difícilmente reversible: (1) porque parece
complicada una futura re‐nacionalización o expropiación y (2) porque aunque se re‐nacionalizase,
los equipos médicos de cada Servicio que se generaron al amparo de los criterios públicos han
quedado fragmentados/troceados por los criterios privados (minimizar sueldos y nº de personal)
7. Dejemos de hablar de “rentabilidad” de la Sanidad pública, es un concepto absurdo que no tiene
ningún sentido económico. Ningún servicio público tiene rentabilidad económica (ejemplos,
sanidad, educación, parques y jardines, viario público, etcétera). Aquí simplemente Gasto Público =
Coste Incurrido anual.
Solo se puede decir si el coste incurrido es alto o no, comparada con otras sanidades públicas
equiparables de otros países. Lo que tiene que hacer la Admón. Pública es controlar que estos
costes anuales no se disparen, que no haya derroches (medicamentos, materiales consumibles,
etc...), que el presupuesto anual en Sanidad no crezca por encima del IPC (por decir algo, quizá deba
usarse otro parámetro), etc
Pero al no haber un precio de venta (nadie vende nada a nadie), no existe la ecuación “Beneficio =
P.Venta – Costes”. Esto solo existirá cuando se cedan los hospitales en concesión a la privada.
8. Por último, no se puede decir que la Sanidad pública española es “cara” si no se aportan datos
comparativos de otras sanidades públicas europeas con un modelo similar. Cierto que hay gran
escasez de presupuesto, entre otras cosas porque no se recorta nada en estructuras administrativas
y por tanto en políticos, pero si existiera un interés real en mantener el modelo público actual (es
decir, primero el criterio del médico por encima del beneficio puro), es obvio que lo que hay que
hacer es negociar con todos los profesionales sanitarios dónde se pueden ahorrar costes. Pero esto
es complicado, requiere esfuerzo y tiempo.
Y sí, buceando solo un poco en la prensa y artículos publicados, parece claro que los compradores están
pre‐pactados desde antes de sacar el decreto de "Sostenibilidad de la Sanidad" (no solo CAPIO o RIBERA
SALUD, sino también otros compradores extranjeros). La decisión estaba tomada sin consultarla
previamente con ningún profesional del sector sanitario.
Todos somos enfermos potenciales y queremos lo mejor cuando nos pase algo. Mi reflexión final es que
ese “lo mejor” es simple y llanamente que se nos aplique la ciencia médica actual con el criterio
exclusivo del profesional que domina esa ciencia, que es el médico. Esto no es viable en un modelo de
gestión privada.
administrativa mediante la cual la gestión integral de los mismos (servicios sanitarios y no sanitarios)
será completamente privada, permaneciendo la titularidad en manos de la Administración pública. Para
que se entienda, piénsese que es un modelo muy similar al que se sigue con las autopistas de peaje
españolas, se les concede la gestión a una empresa privada durante un número de años (25 o 30), a
cambio de su explotación (ingresos por peajes) y su mantenimiento (costes). La autopista es rentable si
al finalizar los 30 años de concesión los ingresos han sido superiores a los costes. El pacto con los
concesionarios privados de autopistas no se limita solo a los ingresos que pueden cobrar por tipo de
vehículo, sino que existe un Pliego de Condiciones de Calidad muy estricto sobre los parámetros de
conservación de la autopista (firme, señalización, etc.).
En los 6 hospitales cuya gestión se quiere privatizar, tal y como ocurre con los que nacieron privados,
(Valdemoro, Móstoles y Torrejón) se van a subcontratar "procedimientos" sanitarios (ej.: una sesión de
diálisis, un parto, etc), digamos que les pide que fabriquen un producto (o provean un servicio). El gran
problema es que no exige el cumplimiento de unos Pliegos de Condiciones de Calidad o Protocolos de
Actuación estrictos y bien definidos para fabricar ese producto:
1. No existen ratios de nº médicos/paciente o nº enfermeras/paciente como sí existen en la pública
(obligatorios). Hay menos enfermeras y peor pagadas, pero en lo que importa al paciente, hay
menos
2. Los tratamientos reglados (ej.: sesión de diálisis) tienen una duración más reducida, por la
necesidad de incluir el mayor número de pacientes por día con una misma máquina, para aumentar
su rentabilidad.
3. La concesionaria privada NO aceptará procedimientos complejos a precio cerrado, porque no
controla los riesgos, es decir, la duración y el coste.
4. La concesionaria privada NO aceptará pacientes complejos, por enfermedad o por edad, porque no
resultarán rentables. La administración pública no se los “asignará”. El coste por paciente será
consecuentemente menor en un hospital privado que en uno público donde se atienden pacientes
de alta complejidad. La comparación queda por tanto invalidada.
En definitiva, la concesionaria privada cuenta con un presupuesto de venta (pactado con la pública) y
unos costes a optimizar. La resta es el beneficio. Menos costes = más beneficio.
En otras palabras, para que la operación resultase interesante para la Consejería de Sanidad de Madrid,
debería ocurrir lo siguiente:
[(Coste+Beneficio) con gestión privada en concesión] menor que [(Coste) con gestión pública]
Es sencillo, del Coste público actual hay que sustraer el Beneficio privado y algo más; ese algo más es
imprescindible para que la fórmula resulte más económica a la Consejería de Sanidad. Si no es así la
Consejería no estaría engañando a todos porque le costaría aún más caro que ahora ¿verdad? ¿de
dónde va a sacar la concesionaria privada estas 2 “mordidas”? De la calidad del servicio ofrecido.
1. En nada de lo anterior hay ninguna carga ideológica, es la pura lógica de las reglas del juego de las
empresas privadas. No pasa nada. Es así. En otros sectores de consumo, en los que hay un número
suficiente de competidores funciona bien. El precio está ajustado por la competencia y la calidad es
buena en aquellas empresas que quieren subsistir a largo plazo. Pero esto es cierto en negocios
privados, no concesiones, donde todo el beneficio y también todo el riesgo es para el empresario, y
si va mal sencillamente quiebra y se hunde
2. Las Concesionarias privadas no tienen culpa de nada de esto. Es su naturaleza actuar así y decidir
qué negocios aceptan y en qué condiciones, ¡solo faltaba!. De hecho, aunque nunca he sido usuario
de seguros privados de sanidad, parece que hay un consenso general en que, para dolencias
menores, casi siempre es más interesante acudir a la privada (Sanitas, Adeslas), porque te atiende
directamente el especialista y mucho antes. Ojo, te atienden antes porque el procedimiento está
pagado aparte por el usuario individual (aparte de su cotización a la SS y sus impuestos
obligatorios), y porque consecuentemente hay menos usuarios (no todos se lo pueden permitir).
3. El 100% de la responsabilidad es para la administración pública, que es quien privatiza. La Sanidad
NO se puede privatizar, al menos si el paciente quiere que le atiendan con criterios estrictamente
médicos. Esta es la clave.
Es evidente, y esto tampoco tiene carga ideológica, que un médico trabajando en una clínica
privada, tiene el mandato de optimizar el coste (y así es observado/evaluado por sus gerentes), con
la única limitación de no cometer negligencia médica. Aquí hay un margen más que razonable para
no suministrar al 100% la atención que la ciencia médica (el criterio médico) puede proveer
4. Claro que el coste medio por paciente será menor subcontratando a la privada, pero porque el
servicio ofrecido (el producto vendido) es de inferior calidad (un Mercedes es más caro que un
Renault de igual gama). Si con todo lo anterior (pre‐selección de pacientes “no complejos”,
tratamientos no equiparables, no exigencia de ratios de personal, etc) el coste no fuese menor,
obviamente se les estaría yendo la mano con el beneficio.
5. En el caso de que, a mitad de camino, la concesionaria “descubra” que no va a obtener rentabilidad
del negocio en el que se ha metido, actuará exactamente igual que han actuado las autopistas de
peaje madrileñas (recordemos que el modelo de concesión es el mismo): darán suspensión de
pagos, y a la administración titular de la concesión, la Consejería de Sanidad, no le quedará más
remedio que acudir al rescate, no tiene elección, porque es intrínsecamente un servicio público, no
un negocio privado, y por tanto no lo puede dejar caer (igual que no se puede dejar “abandonada”
una autopista, aunque exista una carretera convencional pública alternativa). La concesionaria no
corre riesgos, solo obtiene beneficios mientras le vaya bien.
6. Aunque les fuese bien, si este proceso culmina, es difícilmente reversible: (1) porque parece
complicada una futura re‐nacionalización o expropiación y (2) porque aunque se re‐nacionalizase,
los equipos médicos de cada Servicio que se generaron al amparo de los criterios públicos han
quedado fragmentados/troceados por los criterios privados (minimizar sueldos y nº de personal)
7. Dejemos de hablar de “rentabilidad” de la Sanidad pública, es un concepto absurdo que no tiene
ningún sentido económico. Ningún servicio público tiene rentabilidad económica (ejemplos,
sanidad, educación, parques y jardines, viario público, etcétera). Aquí simplemente Gasto Público =
Coste Incurrido anual.
Solo se puede decir si el coste incurrido es alto o no, comparada con otras sanidades públicas
equiparables de otros países. Lo que tiene que hacer la Admón. Pública es controlar que estos
costes anuales no se disparen, que no haya derroches (medicamentos, materiales consumibles,
etc...), que el presupuesto anual en Sanidad no crezca por encima del IPC (por decir algo, quizá deba
usarse otro parámetro), etc
Pero al no haber un precio de venta (nadie vende nada a nadie), no existe la ecuación “Beneficio =
P.Venta – Costes”. Esto solo existirá cuando se cedan los hospitales en concesión a la privada.
8. Por último, no se puede decir que la Sanidad pública española es “cara” si no se aportan datos
comparativos de otras sanidades públicas europeas con un modelo similar. Cierto que hay gran
escasez de presupuesto, entre otras cosas porque no se recorta nada en estructuras administrativas
y por tanto en políticos, pero si existiera un interés real en mantener el modelo público actual (es
decir, primero el criterio del médico por encima del beneficio puro), es obvio que lo que hay que
hacer es negociar con todos los profesionales sanitarios dónde se pueden ahorrar costes. Pero esto
es complicado, requiere esfuerzo y tiempo.
Y sí, buceando solo un poco en la prensa y artículos publicados, parece claro que los compradores están
pre‐pactados desde antes de sacar el decreto de "Sostenibilidad de la Sanidad" (no solo CAPIO o RIBERA
SALUD, sino también otros compradores extranjeros). La decisión estaba tomada sin consultarla
previamente con ningún profesional del sector sanitario.
Todos somos enfermos potenciales y queremos lo mejor cuando nos pase algo. Mi reflexión final es que
ese “lo mejor” es simple y llanamente que se nos aplique la ciencia médica actual con el criterio
exclusivo del profesional que domina esa ciencia, que es el médico. Esto no es viable en un modelo de
gestión privada.
Los médicos tendremos nuestros defectos pero cuando se nos trata como idiotas tendemos a rebelarnos y
solemos reivindicar las cosas con datos y evidencia tal y como hacemos diariamente en nuestro trabajo.
Basta ya de creer que nada se puede cambiar, que hay que tragar con todo lo que digan y que si no nos estamos quietecitos
será todavia peor. Puede
ser que perdamos pero perderemos TODOS.
Ellos son unos especialistas de la mentira y el ocultismo. Estamos claramente en inferioridad de condiciones pero les damos 1000 vueltas en ideas.
